Alejandro Toledo brindó su testimonio los días 8 y 9 de mayo ante los fiscales, quienes consideraron que su versión era relevante, ya que describía cómo Proinversión estaba bajo la supervisión de Pedro Pablo Kuczynski.
El expresidente Alejandro Toledo declaró ante el Ministerio Público que fue el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) quien presentó a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, representantes de la empresa brasileña, en un encuentro protocolar en el Palacio de Gobierno.
Un informe del programa Punto Final reveló que Toledo Manrique ya había declarado los días 8 y 9 de mayo en la prisión Barbadillo de Ate, donde se encuentra detenido cumpliendo 18 meses de prisión preventiva por el caso de la Carretera Interoceánica Sur, tramos dos y tres, vinculado a Odebrecht, después de ser extraditado desde Estados Unidos.
Alejandro Toledo relató que PPK llevó a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata al Palacio de Gobierno, pero aclaró que no sabía sobre la existencia de empresas vinculadas a Kuczynski Godard que habían recibido asesorías de Odebrecht y estaban relacionadas con proyectos como el Gas de Camisea e Interoceánica Sur, y que se beneficiaron cuando el expresidente ocupó cargos en el Estado.
El fiscal José Domingo Pérez Gómez dispuso que esta diligencia fuera «reservada». PPK está siendo investigado con comparecencia restringida y sujetado a reglas de conducta por el presunto delito de lavado de activos en perjuicio del Estado en el caso Westfield Capital.
Según la solicitud de acusación fiscal presentada en el informe, la declaración de Toledo «es relevante» en el caso porque describe cómo Proinversión estaba bajo la tutela de PPK cuando este era el titular del Ministerio de Economía y Finanzas.
Solicitan prisión para PPK
El fiscal José Domingo Pérez presentó una acusación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el delito de lavado de activos con agravante de organización criminal. El Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 35 años por la presunta conformación de un grupo delictivo que recibió más de 12 millones de dólares de la constructora Odebrecht y otras empresas.
En la acusación fiscal presentada en el caso Westfield Capital también se incluyó al empresario chileno Gerardo Sepúlveda Quezada, para quien se solicitó una pena de 35 años de prisión, y a Gloria Kisic Wagner y Luis Bernaola Ñuflo, personas cercanas al expresidente, para quienes se pidió una pena de 23 años y 11 años y 6 meses de cárcel, respectivamente.
El juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, rechazó extender por tres meses la orden de impedimento de salida del país contra el exmandatario, argumentando que de lo contrario se violaría «claramente el derecho fundamental a la libertad individual».
